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Transparencia y acceso a la información es un deber de las organizaciones que no pagan impuestos en EEUU

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Written By Esteban Cabrera Aug 26, 2019

“El foco de la discusión de las políticas de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información se ha volcado a todas aquellas instituciones que no son parte del Estado pero que contribuyen a la construcción de decisiones y valores que afectan a toda la sociedad, como los partidos políticos, gremios o agrupaciones empresariales, sindicatos y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO”

Las leyes que otorgan protección a las personas que denuncian actos de corrupción, son  las mismas  que garantizan acceso a la información que está en poder del Gobierno o de cualquier organización sin fines de lucro, que no pagan impuestos al IRS y que por su naturaleza están obligadas a presentar periódicamente informes financieros cada año y otorgárselo a cualquier ciudadano que así lo solicite. Están en la obligación de declarar determinados activos e ingresos basado  en los conceptos de responsabilidad democrática y Estado de Derecho.

La transparencia y el acceso a la información se han transformado en elementos esenciales para el funcionamiento de una democracia sana, la construcción de confianza y para convivir en sociedad, en especial cuando la creación de valor público ya no está solo en manos del Estado, sino que es el resultado de un conjunto de interacciones entre actores estatales, organizaciones caritativas, económicas y de la sociedad civil.

Así, la idea de accountability y las demandas por transparencia han dejado de focalizarse en los gobiernos y los Estados y se han proyectado hacia todos los actores que interactúan en el ámbito de lo público o influyen en el desarrollo de la sociedad. La idea de rendición de cuentas hoy tiene un sentido mayor a la simple obligación de informar y justificar las decisiones, más bien se instala con la respectiva sanción en caso que se haya incumplido el mandato o rol que se le atribuye al sujeto que se está evaluando.

La transparencia y el acceso a la información nos ofrece la posibilidad de comunicar lo que hacemos, contar por qué, controlar la eficacia con que se gestionan los recursos económicos con que contamos e integrar a los diferentes actores de la comunidad.

Desde la esfera pública, se ha instalado la idea que la existencia de políticas de transparencia contribuye a disminuir vicios asociados a la gestión y disminuir, al menos hipotéticamente, los actos de corrupción. En este sentido, la corrupción no es un fenómeno que se desarrolla solamente en la esfera pública, está presente de forma transversal en toda la sociedad, sin distinguir fronteras entre lo público y lo privado, entre los fines que persiguen las organizaciones o quiénes la integran.

El foco de la discusión de las políticas de transparencia y el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información se ha volcado a todas aquellas instituciones que no son parte del Estado pero que contribuyen a la construcción de decisiones y valores que afectan a toda la sociedad, como los partidos políticos, gremios o agrupaciones empresariales, sindicatos y  ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. Centrando en ellas cuestionamientos como: quiénes la componen, de qué forma se financian y utilizan sus recursos y cuáles son los intereses que realmente representan.